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Análisis de Inteligencia detectaron que la ruta marítima del narcotráfico había mutado de la costa Caribe a la Pacífica, y prueba de ello es que el 95 por ciento de las trazas de envió de cocaína han sido detectadas saliendo desde el Pacíficocolombiano.

 
 

Este año se ha incautado un 35 por ciento más de estupefaciente que el año pasado. De 362 toneladas incautadas en todo 2016, al 14 de diciembre de este año se había pasado a 420 toneladas. 

Mucha de esta cocaína ha sido confiscada en alta mar, gracias a las operaciones de interdicción que permiten el intercambio de información.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó este viernes que esta semana se concretó un convenio entre la Armada Nacional y sus homólogas de México y Estados Unidos al que se suman los Guardacostas norteamericanos, estos con gran capacidad de reacción.

El objetivo de este convenio: lograr el control del Pacífico desde Colombia a EE. UU., con paso obligatorio por Centro América y México, resaltó Villegas. “Se acordaron procedimientos para fortalecer los canales de intercambio de información en tiempo real, que permiten que las autoridades desplieguen su poder operacional”, afirmó el Ministro. 

El almirante Ernesto Durán, comandante de la Armada Nacional, dijo que la cooperación “siempre se ha hecho, pero ahora se va a hacer de manera fortalecida, con mayor flujo de información e inteligencia, con canales abiertos permanentemente, con hombres mexicanos y de EE. UU. trabajando con nosotros en tiempo real y colombianos en Estados Unidos y buques mexicanos”.

Fuente:  www.eltiempo.com 


DEA y Policía de Francia siguen a una confederación de narcos que reparte droga en ‘jets’.

Agentes antimafia de Francia y de Estados Unidos intentan desmantelar un nuevo y poderoso cartel de narcotraficantes de siete nacionalidades que importan droga colombiana para inundar los mercados de Europa a través de un desafiante método: lujosos vuelos chárter que despegan desde Cartagena. 


Los cabecillas son albaneses, turcos, holandeses, españoles, italianos, franceses y hasta un ciudadano inglés, que desde hace al menos dos años sacan la droga del país y vuelan rumbo a Biarritz (Francia). Desde esa ciudad, fronteriza con España, nutren los mercados de al menos cinco países, incluido Alemania.

 

El más reciente cargamento, 1,2 toneladas, avaluadas en 100 millones de euros, llegó hace ocho días. 

La matrícula del avión en el que iba la coca se mantiene bajo reserva, pero EL TIEMPO estableció que una de las pistas para llegar a su dueño son un par de personas capturadas en los alrededores de Mérignac, el aeropuerto de Burdeos. 

También, un sello de un toro rojo, que aparece en las panelas de coca: ese es el distintivo de un poderoso narco que trabaja en llave con los exmiembros de las Farcque siguen en el negocio.

La información sobre el operativo, bautizado Top Gun, se ha mantenido en secreto porque se trató de una entrega controlada por agentes de la DEA que no habían logrado llegar a la confederación de narcotraficantes europeos. 

De hecho, Estados Unidos pidió permiso a cortes de Burdeos para el operativo.

Durante ocho meses, agentes encubiertos infiltraron a la organización, de cuya existencia se enteraron en 2016. En noviembre de ese año cayó otra tonelada de coca, un millón de euros y cuatro colombianos en Bayona (Francia).

En ese momento se estableció que el cargamento llegó en un avión Gulfstream que despegó de Cartagena e hizo una parada técnica en las islas de Cabo Verde (África). Luego pidió pista en el aeropuerto de Biarritz, descargó la coca y desapareció.

Sin embargo, las capturas de los colombianos, uno de ellos radicado en España, sirvieron para llegar a la confederación, que ya había coronado al menos otro cargamento usando ese avión.

Interceptaciones, claves

Esta vez, las 1,2 toneladas fueron descargadas en camiones y llevadas a una mansión en Lacanau, un pequeño balneario turístico, a 10 kilómetros del Atlántico. 

Allí se estaba dividiendo la carga de alta pureza en siete paquetes, que iban a ser movidos en lujosos carros hacia un hotel del centro de Burdeos. Ese era el hospedaje de los emisarios de las organizaciones que negociaron la droga colombiana y que financiaron el chárter.

“Al parecer, la mansión en Lacanau, era usada como centro de acopio de la droga, que también llega en barcos y veleros. De hecho, se cree que el avión iba a ser recargado en Francia para enviarlo a otro destino”, dijo uno de los investigadores. Y agregó que es obvio que la mayor parte de la droga es del ‘clan del Golfo’.

También reveló que la Policía Antinarcóticos de Colombia apoyó a la DEA con la interceptación de llamadas entre los hombres que estaban consiguiendo la coca y los emisarios de la confederación de narcos europeos. 

Para los agentes federales es obvio que los extranjeros están aprovechando el auge de los cultivos ilícitos que hay en Colombia: más de 150.000 hectáreas. 

Esa sobreoferta, al igual que la delación entre cabecillas del ‘clan del Golfo’, que buscan una negociación, explican las incautaciones históricas de los últimos días, incluidas 12 toneladas decomisadas en el Urabá hace dos semanas y las cuatro toneladas que la Policía de Burdeos ha encontrado en 12 meses. 

En el operativo del domingo cayeron 23 personas, entre ellas tres franceses, tres albaneses, un turco, españoles, dominicanos, italianos y emisarios colombianos. Once ya fueron acusados. Y no se descarta que exmiembros de las Farc estén entre los clientes directos de esta confederación. 

Lo que sí está claro es que se avecinan más capturas y varias extradiciones.

 

 

La preocupación de las organizaciones sociales frente a este dinero ilícito es su poder corruptor, pues estaría favoreciendo la impunidad.

 

La  incautación de dos megacaletas en la vía Cúcuta-Pamplona y en un sector residencial de la capital nortesantandereana tiene en alerta a las autoridades sobre el incesante flujo de dinero en efectivo que en los últimos años estaría moviendo el negocio de la droga en esta región fronteriza con Venezuela.

 

En distintos operativos, que se desarrollaron a finales de octubre y en los primeros días de noviembre, un equipo interinstitucional de la Fiscalía, Ejército Nacional y Policía logró neutralizar la salida de cerca de 3.700 millones de pesos, una jugosa suma de dinero que estaría relacionada con pagos de narcotraficantes asentados en el Caribe a estructuras criminales en Colombia dedicadas a la fabricación de estupefacientes. 

En el último procedimiento, los investigadores tuvieron que romper paredes y burlar las claves de cajas fuertes, alojadas al interior de un edificio del barrio Guaimaral de Cúcuta, para hallar el efectivo.

Esto demuestra que los resultados contra este problema son muy pobres. Acá no hay capturas, ni detenciones, simplemente se hacen los decomisos respectivos

 

Y esta cifra no es para menos. Según la Fundación Progresar, esta plata decomisada es un monto "irrisorio" frente a las ganancias recaudadas por las 70 toneladas de coca que mensualmente producen las 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos sembradas en la región del Catatumbo.

El contraste, asegura esta organización defensora de derechos humanos, revela la posición de la ciudad como un centro de lavado de activos y la poca capacidad de las autoridades para perseguir estos dineros ilícitos, que terminan financiando la actividad criminal de grupos como el 'clan del Golfo' o el Ejército Paramilitar de Norte de Santander, cuya injerencia armada en el territorio binacional estaría disparando los casos de secuestro, desaparición forzada y desplazamiento de comunidades.

“Lo que debe llamar la atención es por qué en este año es la única operación que ha descubierto las autoridades, cuando Cúcuta es sujeto de una gran operación de lavado de carteles nacionales e internacionales de droga 
(…) Esto demuestra que los resultados contra este problema son muy pobres. Acá no hay capturas, ni detenciones, simplemente se hacen los decomisos respectivos”, aseveró Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.

Aunque ambos procedimientos acapararon los titulares de la prensa local, detrás de estas incautaciones gravita la preocupación de estas organizaciones sociales en torno al poder corruptor de este dinero, que estaría permeando la clase política y favoreciendo los índices de impunidad.

Mientras estos cuestionamientos siguen sin responderse, las autoridades continuarán con sus labores de inteligencia para determinar si este dinero pertenece a la disidencia del Epl, más conocido como ‘Los Pelusos’, que estaría siendo contactada por 'narcos' de Centroamérica y el Caribe para el envío de la droga.

EL TIEMPO intentó comunicarse en varias ocasiones con la Policía Metropolitana de Cúcuta (MECUC) y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para confrontar esta serie de señalamientos, pero no fue posible obtener una respuesta.

Fuente:http://www.eltiempo.com

Una embarcación sospechosa, sin nombre, fue detectada en el área general de la Isla de Gorgona.

La fuerte ofensiva que sostiene la Armada Nacional en el Pacífico colombiano contra las organizaciones narcoterroristas, le permitió a la Fuerza Naval del Pacífico dar un nuevo golpe al narcotráfico incautando 720 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto a otras dos incautaciones realizadas durante esta semana, suman cerca de 3.5 toneladas de alcaloides incautadas en el Pacífico colombiano.

Una embarcación sospechosa, sin nombre, fue detectada en el área general de la Isla de Gorgona, en el departamento de Cauca, por las unidades de Guardacostas de la Fuerza Naval del Pacífico, cuando los tres tripulantes notaron la presencia de las unidades marítimas, iniciaron la infructuosa huida, que terminó 40 minutos después con una exitosa interdicción marítima.

Durante la inspección se hallaron al interior 18 bultos con alcaloides, más de 800 galones de combustible, 29 cartuchos de 5.56 milímetros, un proveedor de fusil galil, entre otros elementos. Así mismo, se determinó que entre los tres tripulantes se encontraban dos de nacionalidad colombiana y un ecuatoriano.

Los narcotraficantes, el alijo y la embarcación fueron trasladados hasta el municipio de Buenaventura en Valle del Cauca y puestos a disposición de la autoridades competentes, que le realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada – Piph, al alcaloide, dando positivo para clorhidrato de cocaína con un peso neto de 720 kilogramos.

Con esta incautación, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado en la última semana cerca de 3.5 toneladas de alcaloide evitando que más de 120 millones de dólares ingresaran a las estructuras del narcotráfico, producto de la venta en el mercado ilegal internacional.

La Armada Nacional continuará desarrollando operaciones en contra de las organizaciones narcoterroristas, evitando que usen el mar para estas acciones delictivas. Así mismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier acto sospechoso o delincuencial a las líneas 146 y 147, así como a través del canal marino VHF 16, disponibles las 24 horas.

Fuente:http://www.wradio.com.co

Las autoridades peruanas destruyeron siete laboratorios clandestinos para la elaboración de cocaína, incautaron 18 kilos de la droga y detuvieron a cuatro presuntos terroristas a cargo del resguardo de esos locales en la selva central de Perú, según informó hoy el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se realizó entre el 18 de octubre y el 6 de noviembre en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) contra las mafias del narcotráfico, que actúan aliadas con los remanentes terroristas.

Los cuatro detenidos tenían dos fusiles, dos escopetas, tres cargadores para diferentes tipos de armamento, un visor nocturno, una radio y 73 cartuchos de diferente calibre, los cuales fueron incautados por la Policía.

Asimismo, las Fuerzas armadas ubicaron y destruyeron siete laboratorios rústicos para la elaboración de cocaína y 15 hectáreas de plantaciones de cannabis sativa, que pueden producir un equivalente a 17,5 toneladas de marihuana.

Los agentes decomisaron además 18 kilos de pasta básica de cocaína y destruyeron 13.980 kilos de hoja de coca, 9.322 kilos de insumos químicos y productos fiscalizados, entre otros artículos y combustible. (EFE)

Fuente: peru.com

Al parecer, la coca es de la ‘Yatusabes’, estructura criminal que trabajaría de la mano de alias el ‘Saya’, uno de los bandidos todopoderosos del ‘Bronx’.

 

Por: Andrés Rosales García

El pasado 30 de octubre, a las 9:20 de la mañana, 19 agentes de la Sijín en Chía recibieron la orden de iniciar una búsqueda sin tregua de un camión blanco tipo ‘thermoking’ que despedía un olor pestilente.

“Un olor a queso podrido”, les había dicho el oficial al mando.

La orden tenía como trasfondo una investigación que él mismo había iniciado meses atrás en El Doncello (Caquetá), desde donde se despacha la mayor parte de base de coca que abastece a Chía y los municipios de Sabana Centro.

 
 

Las pesquisas lo habían llevado, a él y a un par de investigadores más, hasta un presunto narco, alias el ‘Oso’, a quien no le había podido comprobar nada. 

Pero ese lunes, un ajuste de cuentas entre narcotraficantes originó una llamada al oficial. Al otro lado de la línea, el ‘Oso’ delataba un cargamento “grande”, prácticamente invisible. 

“Solo lo puede ver con la nariz”, dijo el informante.

Y tenía razón. Ese día, y luego de más de 8 horas de búsqueda, los sabuesos de la Sijín interceptaron un camión con esa descripción por la carrera séptima, a la altura de Torca, en límites con Bogotá. Al abrir las puertas de refrigeración, el terrible olor a queso en descomposición les indicó que iban por buen camino.

Aunque transportaba 110 kilos de base de coca cuyo valor se aproxima a los mil millones de pesos en el centro del país, el conductor del camión se mostró muy tranquilo.

“Ya me han parado varias veces. Tranquilos, revisen lo que quieran”, dijo. Agregó que venía del sur del país y que solo transportaba alimentos. Efectivamente, además del hedor del lácteo podrido, los agentes no hallaron nada sospechoso, por más que inspeccionaron el vehículo.

“Sabíamos que si nos equivocábamos, teníamos que pagar los destrozos que le hiciéramos al vehículo. Eso nos frenaba un montón”, dijo el oficial, que tomó la decisión de pedir ayuda al Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Ellos llegaron con motosierras y hachas para desbaratar el camión.

Ahí las cosas empezaron a cambiar. Los investigadores hallaron un pequeño motor ajeno al vehículo y un mecanismo automático que abría al menos 14 compartimientos escondidos en el refrigerador.

Al parecer, la coca es de la ‘Yatusabes’, estructura criminal que trabajaría de la mano de alias el ‘Saya’, uno de los bandidos todopoderosos del ‘Bronx’, amo y señor del ‘menudeo’ en Chía y quien tiene varias órdenes de captura, una por homicidio. La coca incautada se iba a convertir en 300.000 dosis de bazuco.

Fuente:  www.eltiempo.com

Tuesday, 07 November 2017 13:30 Written by

 

México aumentó su calificación en las mejores prácticas internacionales de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que tienen un impacto en el ambiente de negocios para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), al sumar 72.27 puntos, 0.18 más que el año previo, señaló el Banco Mundial.

Los resultados del reporte Doing Business 2018, que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países, se acotó que el país mejora cada vez más y que con ese puntaje se acerca a Nueva Zelandia, que tiene las mejores prácticas, al registrar una calificación de 86.55 puntos.

Con este resultado México mantiene la mejor posición en América Latina, superando a Chile (55); Perú (58); Colombia (59); Costa Rica (61); Argentina (117); y Brasil (125). Superó también a economías de grandes mercados emergentes del G20, incluyendo a Turquía (60); China (78); y Sudáfrica (82), además de países de la Unión Europea, como Bélgica (52) y Luxemburgo (63).

La economía número uno en el ranking fue Nueva Zelandia, seguida de Singapur, Dinamarca, Corea del Sur y Hong Kong, según el reporte del banco que analizó 10 indicadores que miden el número de procedimientos, tiempos, costos y calidad de regulaciones federales y locales que impactan el ambiente de negocios para las Pymes, señaló la Secretaría de Economía.

El país mejoró su calificación en los indicadores de apertura de empresas, con 72.09 puntos y la posición 49, así como una previsión de 72.27 para 2018. En obtención de permisos de construcción, con 68.18 puntos y la posición 87, así como una previsión de 68.28 para 2018. En obtención de electricidad, con 68.32 puntos y la posición 92, así como una previsión de 70.99 para 2018.

Permanecen sin cambio los indicadores de obtención de crédito, cumplimiento de contratos, protección a inversionistas minoritarios (con 58.33 puntos y la posición 62, así como una previsión de 58.33 para 2018) y comercio transfronterizo (con 82.09 puntos y la posición 63, así como una previsión de 82.09 para 2018.

Finalmente, el Banco Mundial presentó en su reporte 2018, un retroceso para los indicadores de registro público de la propiedad, pago de impuestos y resolución de insolvencia, de acuerdo con un comunicado de la dependencia económica mexicana.

Fuente: mexicoxport.com

TUCSON, Arizona. Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson de las estaciones Willcox y Ajo detuvieron a cuatro ciudadanos estadounidenses y un titular de tarjeta de Residente Permanente por su participación en tres intentos de contrabando de personas durante el fin de semana.

El viernes por la tarde, agentes en el puesto de inmigración en la Ruta Estatal 80 cerca de Tombstone remitieron a dos mujeres Phoenix de 20 años en un Honda Civic para una inspección secundaria del vehículo después de que un perro de la Patrulla Fronteriza alertara sobre un olor que fue entrenado para detectar. Cuando los agentes abrieron el baúl del Civic para investigar, descubrieron a un mexicano de 23 años dentro. Los agentes arrestaron a ambas mujeres por tráfico de personas y se apoderaron del vehículo.

El domingo por la noche, agentes que trabajaban en el mismo punto de control de inmigración remitieron a dos hombres de Phoenix de 19 años en un Honda Accord para una inspección secundaria del vehículo después de que un perro de la Patrulla Fronteriza alertara de un olor que fue entrenado para detectar. Cuando los agentes abrieron el maletero del vehículo, descubrieron en el interior a un mexicano de 25 años. Los agentes tomaron el Honda y arrestaron al conductor y al pasajero por contrabando.

También el domingo por la noche, agentes que trabajaban en el puesto de control de inmigración de la ruta estatal 85 cerca de Ajo, Arizona, remitieron a la conductora y pasajero masculino de una Hyundai Sonata para una segunda inspección y descubrieron que el pasajero, de 59 años, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde México. Los agentes se apoderaron del Hyundai y arrestaron al conductor, identificado como residente permanente de 50 años, por contrabando.

Los tres varones mexicanos serán procesados por violaciones a la ley de inmigración de acuerdo con las directrices del sector de Tucson.

La ley federal permite a los agentes acusar a las personas mediante una queja, un método que permite la presentación de cargos por actividades delictivas sin inferir culpabilidad. Se presume que un individuo es inocente a menos que o hasta que se presente evidencia competente ante un jurado que establezca culpabilidad más allá de una duda razonable.

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reciben con agrado la asistencia de la comunidad. Los ciudadanos pueden reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza y permanecer en el anonimato llamando gratis al 1-877-872-7435. Reportar actividades ilícitas podría resultar en salvar la vida de alguien.

 

La polémica propuesta está en un proyecto de despenalización presentado por el Gobierno.

 

Los campesinos que tengan cultivos de entre 18 metros cuadrados y 3,8 hectáreas de coca; 18 y 84 metros de marihuana y 0,8 y 3.840 metros cuadrados de amapola no irán a la cárcel. La pena para esa conducta ilegal pasa de entre seis y 12 años a entre uno y cuatro años, lo que convierte el delito en excarcelable.

 

Ese es uno de los puntos claves del proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales radicado este martes por el ministro de Justicia en el Congreso y que en esencia busca minimizar el impacto penal sobre los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico.

Pero se trata de una iniciativa polémica porque los expertos en cuanto a cultivos advierten que el área de coca que sería despenalizada es, en la práctica, mucho mayor que la que cultivan la mayoría de familias que viven de las narcosiembras. 

El proyecto, que forma parte de lo acordado con las Farc en La Habana, plantea esas gabelas por un año, durante el cual los cultivadores deben manifestar su intención de terminar con la actividad ilegal y acogerse a los programas de sustitución de cultivos. Y, tras esos 12 meses de verificación sobre la no reincidencia de los cultivos, se procedería a la extinción de la acción penal: es decir, se borraría el delito y todos sus registros. 

Los datos del Sistema Integrado de Medición de Cultivos Ilícitos (Simci) de Nacionas Unidas, que es el registro oficial de todas las cifras de narcotráfico en Colombia, señalan que en el 2016 había en el país 106.900 familias que vivían de los cultivos. 

Esa misma medición detectó 146.000 hectáreas sembradas con la hoja: si se asumiera que esas familias son las únicas responsables de los cultivos –algo que no es así, porque hay miles de hectáreas de siembras industriales, directamente manejadas por narcotraficantes–, el promedio de un cultivo por familia sería de 1,4 hectáreas. 

De allí que casi triplicar esa medición hasta 3,8 hectáreas genere fuertes reservas. 

Álvaro Balcázar, quien asesoró al Gobierno en el punto 4 del acuerdo de La Habana, referente a narcotráfico, asegura que los campesinos no tienen más de una hectárea de coca, califica la propuesta del Gobierno de “inoportuna” y advierte que podría dar lugar, incluso, a una nueva disparada de las siembras de coca.

"Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos"

En el 2012, dice, los cultivos estaban en descenso y no superaban las 50.000 hectáreas. “Se quería promover una política de sustitución voluntaria, crear un clima que favoreciera la participación de los campesinos en la sustitución voluntaria. Sin embargo, una vez firmado el acuerdo, este tema fue entendido erróneamente; incluso, las Farc lo propagaron de manera tramposa diciendo que solo quienes tuvieran cultivos iban a recibir beneficios. Eso impulsó de una forma extraordinaria los cultivos”, dice Balcázar. Y agrega: “Una medida que era positiva y se justificaba hace cuatro años refuerza hoy la expectativa de impunidad y de buen negocio”.

El artículo también tendrá oposición del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien le dijo a EL TIEMPO que se trata de una señal equivocada que puede dar lugar a repetir situaciones como las del Catatumbo, donde hace cuatro años el Estado decidió dejar de actuar contra los cultivos y donde hoy la coca experimenta los crecimientos más grandes de todo el país. 

Autoridades antinarcóticos consultadas por este diario comparten las preocupaciones. “Como está, este proyecto de ley prácticamente autoriza y motiva a sembrar la coca”, dijo un alto oficial de la Fuerza Pública. Los cálculos de la Policía señalan que de 3,8 hectáreas de coca se pueden extraer hasta ocho kilos de base de coca por cosecha, y hay cuatro cosechas al año. Por kilo de base se pagan 2 millones de pesos, lo que representaría un ingreso ilegal de al menos 64 millones de pesos al año. Hoy los planes de sustitución ofrecen al campesino, en total, 37 millones de pesos. 

El Gobierno se defiende diciendo que para precisar quién es un cultivador en pequeña escala se tuvo en cuenta la cantidad de área sembrada para obtener beneficios de hasta dos salarios mínimos. En ese sentido, señala que si bien es cierto en muchas regiones del país, para el caso de coca es menos de una hectárea, y en otras regiones como Caquetá y Putumayo el cultivador necesita casi 3,8 hectáreas para lograr esas ganancias.

De acuerdo con el proyecto, solo podrán acceder al tratamiento penal diferenciado las personas que “ostentan alguna relación jurídica, formal o precaria con el predio, financian para su propio beneficio las fases de cultivo (...) En consecuencia, no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado aquellos financiadores de las plantaciones, sus semillas o cosechas cuya pertenencia a una organización criminal sea comprobada, o a terceros financiadores”.

Por su parte, Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, dice que lo que busca el proyecto es no seguir confrontando a los pequeños campesinos como si fueran narcotraficantes. Dice que no se gana nada metiéndolos a la cárcel sin proponerles una alternativa de desarrollo. Indica que la ley tiene un plazo de un año en el que los campesinos se podrán acoger a los programas de sustitución y que deben demostrar su adherencia al proyecto para recibir los beneficios penales. Después de firmado el compromiso tienen hasta 45 días para acabar con el cultivo. “Esta ley permitirá que con relativa rapidez superemos el tema de los cultivos”, afirma. 

La propuesta, que será estudiada vía fast track en el Congreso, también beneficia a quienes estén detenidos preventivamente o ya hayan sido condenados. A ellos se les suspenderá el procedimiento penal.

Otra iniciativa del paquete de paz, la que alivia las condenas de mujeres cabeza de familia que han caído en el narcotráfico, también genera polémica. El Fiscal ha dicho que esa propuesta no protege a las mujeres sino que permite que sean instrumentalizadas por las organizaciones del narcotráfico.

¿Qué está pasando con las narcosiembras?

1. En 80 por ciento va la meta de erradicación forzada
Hay ‘ruido’ por los dos tiempos que existen en los planes contra la coca. Por un lado, los equipos de erradicación forzada integrados por el Ejército y la Policía avanzan hacia la meta de destruir 50.000 hectáreas de coca en el año. Ya van en 40.000 y podrían pasar del tope. Pero los planes de sustitución no van al mismo ritmo, al punto de que la meta de 50.000 hectáreas de coca sustituidas se cumpliría solo el próximo mayo.

2. Sustitución voluntaria no va ni en 35 por ciento

28.372 familias han firmado los pactos de sustitución, equivalentes a 22.872 hectáreas de coca. De ellas, 6.447 familias están en Tumaco. El pacto es clave porque implica el compromiso de comunidades enteras para desterrar los cultivos ilegales con el apoyo del Estado. La sustitución de los cultivos se verifica por la ONU dos meses después de firmado el pacto. Por eso, las cifras este año van a terminar en rojo en ese campo. Las familias reciben en total 37 millones de pesos, un millón mensual por un año, para sobrevivir y el resto para implementar el programa productivo.

3. La coca está creciendo en algunas regiones
Aunque los ojos del país están puestos en zonas convulsionadas como Nariño y Guaviare, allí están operando los planes de erradicación forzosa y despegó la sustitución. Por eso es probable, incluso, que al final del año en las zonas se halle menos coca, algo que sería histórico al menos en el caso de Nariño. En regiones como el Catatumbo y el noreste antioqueño, la coca está creciendo de la mano de las bandas criminales, como el ‘clan Usuga’, y de la guerrilla del Eln.

El Catatumbo, bomba de tiempo

Hace cuatro años que en el Catatumbo no se erradican los cultivos de coca, en cumplimiento de acuerdos entre el Gobierno y organizaciones campesinas de la zona. Ese fue uno de los puntos acordados para levantar el paro agrario de agosto de 2013.

“Caminamos sobre matas de coca”, dijo a EL TIEMPO un alto jerarca de la Iglesia católica, para quien la problemática social y económica es grave en la región. El Simci reportó un crecimiento del 115 por ciento en los narcocultivos: pasaron de 11.527 hectáreas en 2015 a 24.831 en 2016. La zona más afectada es Tibú con 12.787 hectáreas. “En el pasado la negociación que se hizo en Tibú dio como resultado entregarle todo el territorio al narcotráfico”, señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez. 

Allí son fuertes ‘los Pelusos’ y el ‘clan Úsuga’.

Fuente: www.eltiempo.com

 Las zonas francas colombianas bajaron considerablemente en importaciones y exportaciones.

 

El Dane emitió el reporte y, en agosto, tanto importaciones y exportaciones cayeron.

 

Las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas no estuvieron en su mejor momento en agosto. Según informe del Dane, en este mes fueron por 174,9 millones de dólares, lo que significa una variación anual negativa, de -38,3 %, en comparación con agosto de 2016 (US$ 283,2 millones).

Este sería uno de los efectos de las menores ventas a Estados Unidos, que caen en 55,7 %.

Entre tanto, las importaciones totales de mercancías fueron de 172,6 millones de dólares, una variación anual de -31,0 %, teniendo en cuenta que en agosto de 2016 fueron de 250,2 millones de dólares.

 

En el acumulado de enero a agosto de 2017, las importaciones hacia las zonas francas fueron 1.540,9 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo fuero de 1.439,3 millones de dólares.

En consecuencia, la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de US$ 6,4 millones, mientras que en el mismo mes del 2016 fue de 43,3 millones de dólares.

 

 

Fuente: www.eltiempo.com

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