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Dario Fernando Meneses

Dario Fernando Meneses

La droga se extrajo de más de 100 postes y durante nueve horas fueron abiertos para sacar más de dos toneladas de cocaína

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO

 

La policía incautó en el puerto de Barranquilla 2.432 kilos de cocaína que estaban ocultos en bloques de madera listos para su embarque en un buque que lo transportaría hasta Algeciras, en España.

 

La droga estaba camuflada en el interior de unos postes de madera, la cual paso una inspección a través del escáner, que no se pudo determinar la densidad de los bloques. “La proporción de tamaño y peso no correspondían, ya que la apariencia de los troncos se presentaban huecas y livianas”, señala el comunicado de la Policía.

Con una broca metálica se perforaron algunos bloques de roble, encontrando que la broca salió contaminada con una sustancia pulverulenta de color blanco. De inmediato se ordenó detener la carga.

En lo que va del año las  autoridades han  decomisado en Barranquilla 9 toneladas de cacaína, que tenía como destino mercados internacionales.

"La proporción de tamaño y peso no correspondían, ya que la apariencia de los troncos se presentaban huecas y livianas"

La droga se extrajo de más de 100 postes y durante nueve horas fueron abiertos para sacar más de dos toneladas de cocaína, que al parecer pertenece al denominado Clan del Golfo.

El buque con el alucinógeno zarparía con destino al puerto de Algeciras en España; “las investigaciones continúan para dar con los responsables directos de este envío y del habilidoso fabricante de la madera”, agrega la información oficial.

 

Fuente: www.eltiempo.com

 

Las autoridades de México se incautaron por primera vez de un dron con explosivos y equipado con un detonador de radiofrecuencia en Guanajuato, un Estado del centro del país donde se ha recrudecido la violencia del crimen organizado, según han informado fuentes oficiales a AFP.

 

El hallazgo ocurrió el pasado viernes cuando cuatro hombres presuntamente vinculados al crimen organizado fueron arrestados. Los sujetos "traían consigo un arma larga, (conocida como) cuerno de chivo, y también un dron (...) que se ha corroborado que es un artefacto explosivo con un detonador remoto y con una gran carga explosiva", explicó el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

 

Según el funcionario, en otras ocasiones ya se han detectado artefactos explosivos de este tipo, pero nunca instalados sobre un dron. "Tanto el explosivo como el arma son de uso exclusivo del Ejército", por lo que se hará lo necesario para que los acusados sean procesados "en consecuencia", afirmó Zamarripa. No obstante, las autoridades desconocen el lugar por el que los criminales pretendían volar el dron.

Desde principios de año, los episodios de violencia ligados al crimen organizado se han multiplicado en Guanajuato, Estado que no hace mucho era considerado entre los más apacibles de México. Los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Los Zetas se disputan el control del Estado. La semana pasada varios cuerpos aparecieron desmembrados en el municipio de Celaya (un modus operandi clásico de sicarios de cárteles), al mismo tiempo que las autoridades arrestaron a numerosos cabecillas de bandas criminales.

Fuente: https://elpais.com

 

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, publicó su reporte anual en el que mostró preocupación por la situación de cultivos y producción de cocaína en Colombia.

 

La DEA dice que a pesar de la atención asignada a la crisis de consumo de drogas sintéticas en Estados Unidos como el fentanilo y las drogas prescritas, el consumo de cocaína ha aumentado sustancialmente. Un incremento que, asegura, se explica en gran parte por la cifra récord en el aumento de cultivos de coca y producción de cocaína en territorio colombiano.

Afirma que, en su mayoría, la cocaína está entrando a Estados Unidos, a través de México haciendo escala en Centroamérica. Según el reporte, las dos grandes organizaciones de crimen organizado en Colombia son las Farc y el Clan del Golfo, que ahora están haciendo alianzas y trabajando juntas en el negocio del narcotráfico. 

El informe indica que gran parte de la droga colombiana sale por el Caribe y los métodos siguen siendo las lanchas rápidas, los submarinos, los aviones, los barcos pesqueros e, incluso, viajeros denominados mochileros, que cruzan el Tapón del Darién.

La DEA afirma que no hay pronósticos de que la situación vaya a cambiar en los próximos años, ya que Colombia seguirá teniendo el control de la producción y la oferta de la mayoría de la cocaína que se consume en Estados Unidos.

Fuente: http://caracol.com.co

 

La aerolínea Avianca confirmó que desvinculó este miércoles a ocho pilotos que hacen parte de la huelga, que cumple 29 días este jueves.

Según Asociación de Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) los despedidos son pilotos que, aunque están pensionados, cuentan con contrato de trabajo de vuelo con la compañía aérea, y están en la huelga.

 

Asimismo, a otros pilotos les están llegando notificaciones de procesos disciplinarios, según lo había anunciado la propia empresa.

A lo anterior se sumó que el proceso de estudio de la ilegalidad de la huelga tardará más de lo previsto.

Esto porque la Corte Suprema de Justicia, que estaba estudiando el recurso de apelación, devolvió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, debido a que la audiencia que definió esta providencia quedó mal grabada y hacía imposible que los magistrados la oyeran.

“La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó la devolución del expediente para que el tribunal de primera instancia proceda de inmediato a la reconstrucción parcial del mismo (archivos de audio y video de esa tarde)”, señaló la entidad.

Debían negar la huelga

Según conoció EL TIEMPO, los pilotos de Avianca afiliados a Acdac, que siguen en huelga, se negaron a aceptar que habían parado sus actividades debido al desconocimiento de las implicaciones que tiene un proceso laboral de esta naturaleza.

Esta era la condición central que debían aceptar aquellos aviadores que quisieran regresar a sus labores sin represalias, para lo cual la administración de Avianca fijó como plazo el pasado martes 16 de octubre, a las 12 de la noche.

El formato, denominado ‘Acuerdo individual de reincorporación y normalización de operaciones’, que la aerolínea redactó para este propósito, conocido por EL TIEMPO, señalaba una afirmación en ese sentido.

El segundo punto de dicho documento señalaba textualmente: “En relación con el cese de actividades que se viene desarrollando desde el pasado 20 de septiembre del 2017, el piloto abajo firmante manifiesta que no tenía conocimiento preciso y claro de las condiciones y requisitos que supone la votación y desarrollo de una huelga, y que su participación en el cese de actividades mencionado no fue representativa o de liderazgo”.

Y paso seguido venía el compromiso de la empresa de no aplicarle sanciones disciplinarias o despidos como consecuencia de su participación hasta la fecha (16 de octubre), en el cese de actividades.

Según los abogados de Acdac, con este documento lo que la empresa quería era sumar ‘pruebas’ que evidencien que la junta del sindicato presionó a la base (los socios) a la huelga, hecho que en primer lugar inculparía a la junta en una serie de presuntos delitos y, en segundo lugar, dejaría sin piso a Acdac.

Jaime Hernández, presidente de Acdac, ha mencionado que el objetivo es que Acdac desaparezca, lo cual aumentaría el valor de Avianca. Al respecto, la empresa señaló: “Nuestro único interés fue darles la oportunidad a los pilotos de volver voluntariamente a trabajar, y asegurarles, en caso de que entraran en razón, no tener ningún proceso en su contra”.

Entre tanto, la compañía continúa operando a media marcha, pese a que poco a poco otros pilotos comienzan a incorporarse.

 Fuente: http://www.eltiempo.com

Wednesday, 18 October 2017 19:05

México bajo fuego

POR ISMAEL BOJÓRQUEZ PEREA* CULIACÁN

*Periodista. Director del seminario Ríodoce.

 

Hasta la muerte de Javier Valdez, en Ríodoce pensábamos que éramos inmunes. Habíamos navegado este barquito de papel durante casi 15 años solo con raspaduras leves y amenazas de hundimiento que no pasaron de ser sacudidas en medio siempre de un cielo borrascoso, por muchas razones. De hecho fuimos objeto de bromas y comentarios perniciosos en el sentido de si habíamos pactado con los narcos para trabajar como lo hacíamos, publicando notas que nadie se atrevía a investigar.

No nacimos para escribir sobre narcotráfico, pero no se puede hacer periodismo en Sinaloa, entidad donde han nacido y donde se han desarrollado los más grandes capos de las drogas en México y ahora en el mundo, sin toparte con el tema en cada esquina.

Toda la vida política y social de Sinaloa está permeada por el narcotráfico: la economía principalmente, la agricultura, la vida nocturna, la Iglesia, la política, la administración pública, la educación y la cultura. La biblioteca más grande que hay en Culiacán, por ejemplo, y que pertenece a la prestigiada Universidad Autónoma de Sinaloa, fue construida con aportaciones del narcotraficante Miguel Félix Gallardo, preso desde 1989, acusado de participar en el crimen del agente de la dea, Enrique Camarena.

El dinero del narcotráfico fluye en Culiacán como el agua por sus tres ríos. En una de sus calles se inspira el personaje principal de La reina del sur, de Arturo Pérez-Reverte. Teresa Mendoza empieza comprando dólares sucios para ingresarlos a la banca y termina como jefa de un poderoso cártel del narcotráfico.

Nacimos en 2003, año electoral, y desde los primeros números el tema del narcotráfico gravitó en nuestras ediciones, pues algunos candidatos estaban emparentados con conocidos narcotraficantes, y así lo dijimos. Javier Valdez escribió, desde el primer número, una columna que se llamó Malayerba. Sus textos estaban basados en hechos de la vida real, siempre ligados al narcotráfico y al crimen, pero narrados con una prosa singular, que encajaba en lo que algunos llaman “periodismo literario”.

En su quinta entrega de la columna, Javier recreó la tradición del narcotraficante Ismael Zambada García, “el Mayo”, en sus fiestas de cumpleaños, cuando ofrecía 100.000 pesos a la pareja de invitados que más aguantara bailando sin parar. Era una competencia extravagante en la que poco a poco las parejas se iban retirando hasta que quedaba la última, ya desfalleciente.

Sabríamos después que su hijo mayor, Vicente Zambada Niebla, ahora preso en Estados Unidos, se molestó mucho cuando leyó la columna sobre todo por la irreverencia de habernos metido con “el viejón”. Pero no pasó de ahí.

Las generaciones del caos

Siempre pensamos que hacer periodismo en Sinaloa tenía una ventaja sobre nuestros colegas de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, donde operan cárteles o bandas de narcotraficantes que no tienen la escuela del cártel de Sinaloa. Hasta hace una década, por lo menos, los narcos de esta tierra eran narcos “puros”, pues solo se dedicaban al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, principalmente de la marihuana que se produce en abundancia en nuestros valles y montes, y de la cocaína que viene de ColombiaBolivia y Perú.

Pero los viejos liderazgos se han venido acabando, unos porque han muerto, otros porque están presos y los menos porque viven en un aparente retiro. Así que la conducción de las organizaciones criminales de tradición –por llamarlas de algún modo– está en manos de hombres muy jóvenes que se adaptaron rápidamente a las demandas de un mercado multicriminal que incluye la producción de drogas sintéticas –básicamente para proveer el mercado local en lo que se llama el narcomenudeo–, el robo de autos, la trata de blancas, el robo de gasolina y, más allá, a extorsión y el cobro de piso. Esto ha producido una atomización del mundo delincuencial en el país con cárteles de la droga, pero con reglas más laxas en cuanto a su actividad en las calles. Hay líderes muy claros en el Cártel de Sinaloa y en el Cártel de Jalisco Nueva Generación, las dos más grandes organizaciones en México con tentáculos comerciales y financieros por buena parte del mundo. Pero el resto del país está en manos de organizaciones que tienen mandos por estados y/o ciudades, municipios y pueblos, todos peleando por garantizar el control de sus pequeñas parcelas y explotando al máximo toda clase de negocios ilícitos.

La única disputa por liderazgos que hubo recientemente en Sinaloa –con sus secuelas de sangre y muerte– acaba de terminar con la aprehensión de Dámaso López Núñez y la posterior entrega de su hijo, Dámaso López Serrano, a la dea en una garita de la frontera con Estados Unidos.

Los Dámaso les disputaron a los hijos de Joaquín Guzmán Loera el control de la organización que dejaba el Chapo luego de su aprehensión, pero no tenían ni la experiencia ni el dinero ni las armas para ganar una guerra y fueron sacados de la pista.

Fue en el marco de esa guerra que asesinaron a Javier Valdez. Los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, acusaron a Dámaso López, “el Licenciado”, de haberlos atacado a balazos cuando los citó a una reunión. Lo hicieron a través de una carta que enviaron a un prestigioso noticiero de radio en cadena nacional y Dámaso respondió con una entrevista concedida a Ríodoce, cuyas notas no pocas veces han tenido impacto nacional e internacional.

Los hijos del Chapo se enteraron de la entrevista y presionaron al propio Javier y a los directivos para que no fuese publicada. Se les negó la petición y luego propusieron comprar todo el tiraje pero también recibieron una negativa. Y entonces compraron masivamente los ejemplares recorriendo las tiendas y cadenas comerciales donde el semanario se expende.

No repetimos la impresión pero publicamos la entrevista en nuestro sitio web y en redes sociales.

Esto generó un ambiente de mucha tensión en Ríodoce al grado que pensamos sacar a Javier de la ciudad. Por esos días asesinaron a Miroslava Breach, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y Javier, también corresponsal de La Jornada pero en Sinaloa, fue llamado a la Ciudad de México para analizar su situación. Acordaron que se fuera a trabajar a otro estado pero nunca se concretó. Javier planteó el tema ante el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y estos le propusieron enviarlo a Perú o a Argentina, pero tampoco esta medida corrió con prontitud, sobre todo porque a Javier le costaba trabajo despegarse de su tierra y de su familia.

Hasta que ocurrió la gran tragedia de que fue asesinado, no sabemos por quién. Ubicamos perfectamente el contexto, de eso no tenemos ninguna duda, pero desconocemos quiénes jalaron el gatillo y quién ordenó el crimen.

Crímenes en la impunidad

México está ubicado entre uno de los tres países donde más mueren periodistas, junto con Siria e Irak. Una diferencia es que aquellas son naciones en guerra y México no. La otra es que la mayor parte de las muertes en aquellos países son accidentales y en el nuestro inducidas, la mayoría son ejecuciones, muchas de ellas previa tortura.

Por ello el drama que vive el periodismo es mayor. Nadie investigaría la muerte de un periodista que pierde la vida durante un bombardeo o en el fuego cruzado de dos fuerzas regulares, pero sí el que es ejecutado por fuerzas oscuras, como la mayoría de los casos que ocurren en México. Sin embargo, nadie reivindica esos crímenes.

Entonces, al drama de la violencia que acosa a los periodistas mexicanos hay que agregarle la impunidad con que se perpetra un asesinato, porque en el 99,7 % de los casos, según se ha documentado, los crímenes no se castigan. De esta forma se reproduce el problema, porque el que mata o manda matar a un periodista sabe que no será castigado.

Según los datos de la organización Artículo 19, al menos 80 periodistas han sido asesinados de 2006 a la fecha, pero además se han registrado cientos de agresiones a periodistas en todo el país, que pueden ser amenazas e intimidaciones provenientes, en su mayoría, de alguna institución de gobierno o de personas relacionadas con ellas.

El gobierno ha reaccionado tarde y mal ante el problema. En julio de 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pero los ataques a periodistas no cesaron. Tampoco hubo una disminución en los niveles de impunidad.

De acuerdo a una investigación reciente del portal de noticias animalpolítico.com, que obtuvo datos oficiales de la propia Feadle, de julio de 2010 a diciembre de 2016, esta dependencia registró 798 casos de agresiones contra periodistas, de las cuales 47 fueron por asesinato. La misma Feadle aceptó que de este universo solo tiene registradas tres sentencias condenatorias. Es decir, prácticamente el 100 % de los casos permanece impune.

Ante la presión de organismos internacionales, y con el propósito de brindar protección a periodistas, el gobierno federal creó en julio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que llevó a la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, ni la Fiscalía ni el Mecanismo detuvieron la cacería de periodistas en nuestro país. La Fiscalía no tiene recursos para investigar porque su presupuesto es muy pequeño y el Mecanismo no generó iniciativas para proteger periodistas que estaban en riesgo. Solo en Veracruz han asesinado a 20 periodistas desde la creación del Mecanismo.

 

A partir del asesinato de Javier Valdez y por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el Mecanismo ordenó la creación de unidades de análisis de riesgo en cada entidad de la república, con el apoyo de los gobiernos estatales. Se trataría, dicen, de detectar casos de peligro y proteger a las posibles víctimas. A casi tres meses de la instrucción, poco o nada se ha avanzado.

Fuente: http://www.revistaarcadia.com

 
Por: Gustavo Duncan
 

En sus inicios, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles en ciudades como Medellín y Cali. Desde lujosas casas y apartamentos se dirigían las operaciones de compra de base de coca en Bolivia y Perú, la fabricación de cocaína en las selvas del país, el transporte de la droga al exterior y la repatriación de capitales.

 

No dejaba de ser irónico que el centro de una compleja organización dedicada a un crimen transnacional, intensamente perseguido por la principal potencia mundial, se encontrara situado justo al lado del Estado. Medellín y Cali no eran pueblos aislados donde las instituciones y los aparatos de seguridad del Estado tuvieran solo una presencia simbólica, sino dos de las ciudades más importantes del país y donde la presencia estatal resultaba bastante notoria.

En principio, esta situación suponía enormes problemas para los carteles. Sus jefes y sus operadores eran demasiado vulnerables a la persecución estatal, al punto de que el control del negocio desde las grandes ciudades se tornaba inviable.

A las malas y a las buenas

A largo plazo, esta manera de operar hizo agua, pero la supervivencia en el corto plazo de carteles ubicados en grandes e importantes ciudades fue posible gracias a dos estrategias antagónicas. El cartel de Medellín respondió desde un comienzo con violencia a los intentos del Estado de ponerles límites a sus aspiraciones. Pablo Escobar, el líder indiscutido de esta organización, llevaría a cabo una guerra como respuesta a la extradición. Mediante el control de las comunas de la ciudad con bandas de criminales, pudo disponer de un territorio desde donde combatir, así como de una base de soldados para cometer acciones terroristas.

Por su parte, el cartel de Cali escogió mantener un perfil más bajo y su estrategia de defensa se basó en comprar a la clase política, incluido al menos a un presidente. 

Este cartel fue una organización criminal muy cómoda para las élites, porque no suponía un desafío social ni político para el establecimiento. De modo que su control sobre el negocio iba de la mano con la colaboración de las autoridades civiles y policiales. Aun así, la estrategia de arreglos bajo la mesa funcionó solo hasta que la presión de los Estados Unidos obligó a las autoridades colombianas a desmantelar la organización, a pesar de los sobornos.

Al final, ambas estrategias fallaron. Pablo Escobar sería eliminado y los hermanos Rodríguez Orejuela acabarían en una cárcel de Estados Unidos.

La primera mutación

Tras el desmoronamiento de estos grandes grupos comenzó a hablarse de los ‘baby cartels’, organizaciones fragmentadas, poco visibles, que evitaban la violencia y no tenían aspiraciones políticas. Se dedicaban exclusivamente a los aspectos operativos del negocio de la droga y trataban con cuidado de pasar desapercibidos por las autoridades.

Sin embargo, el poder del narcotráfico había dado un giro de la ciudad al campo. El cartel del Norte del Valle y los paramilitares, ambos localizados en ciudades intermedias y áreas rurales, se apoderaron de los centros de producción y de los corredores. De modo que los ‘baby cartels’ eran tan solo células operativas que se encargaban de poner a circular la mercancía en los mercados internacionales.

El cartel del Norte del Valle y los paramilitares emplearon las viejas estrategias de los grandes carteles y las llevaron a una nueva escala para apoderarse del negocio de la droga. Así, pues, los escuadrones de sicarios se convirtieron en ejércitos privados capaces de expulsar a las guerrillas de regiones enteras y gobernarlas. De igual modo, del Proceso 8.000 se pasó a la ‘parapolítica’, a causa de la cual alrededor de 100 congresistas fueron investigados por la justicia.

Ante semejante desafío, el Estado se vio obligado a reaccionar. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe, el cartel del Norte del Valle sufrió golpes contundentes, sus principales líderes acabaron en prisiones en Estados Unidos y los paramilitares se desmovilizaron en un polémico pero efectivo proceso de paz.

Todo apuntaba a considerar que el país logró neutralizar el poder del narcotráfico. La impresión era que ni los aparatos armados de los narcotraficantes ni su influencia sobre la clase política volverían a ser lo que fueron. Y parece que este fue el caso. Por eso se habla de Colombia como un caso exitoso de lucha contra el narcotráfico.

Y, sin embargo, nos hallamos ante una paradoja, puesto que hoy se exporta tanta cocaína como en las épocas doradas de Pablo Escobar. Los cultivos y la productividad por hectárea alcanzaron récords históricos, de modo que la cantidad de droga exportada y las ganancias repatriadas son enormes.

¿Qué sucedió para que en Colombia se sintiera que la guerra contra las drogas se había ganado pese a que se seguía exportando cocaína?

¿Qué sucedió para que en Colombia se sintiera que la guerra contra las drogas se había ganado pese a que se seguía exportando cocaína? Simplemente, que el país aprendió a reducir al mínimo la amenaza política y la violencia del narcotráfico: el negocio sigue vigente, pero el poder que emana de las organizaciones que lo controlan se reduce progresivamente hacia las zonas más periféricas y marginales. Solamente lejos del Estado estos grupos disponen de capacidad armada e influencia política para neutralizar la presión de las autoridades.

La segunda mutación

Tras la desmovilización de los paramilitares, bajo el gobierno de Uribe, el nuevo auge de las bandas criminales (‘bacrim’) es tan solo una adaptación del control territorial que ejercían las Auc a las nuevas circunstancias del conflicto.

A medida que la guerrilla dejó de ser una amenaza debido a su derrota estratégica y su expulsión a zonas de retaguardia, la tolerancia del Estado y de las élites frente al paramilitarismo dejó de tener sentido. En adelante, el único motivo que justificaba las alianzas con los paramilitares era la corrupción.

Las ‘bacrim’ tenían que ejercer el control territorial y del narcotráfico sin las redes de colaboración tejidas por las Auc con la Fuerza Pública, los políticos y las élites. A pesar de esas limitaciones, las nuevas organizaciones paramilitares lograron el control de las principales rutas de salida de droga.

Ahora las operaciones de tráfico internacional son dirigidas desde poblados remotos o desde fincas en medio de la selva. Los ejércitos privados de los capos de las ‘bacrim’ cuidan los cultivos de coca, sus laboratorios, los puntos de salida y el transportemarítimo en sumergibles hasta México y otros puntos de llegada de la mercancía. Si algún narcotraficante colombiano quiere traficar drogas hasta Estados Unidos o Europa, está obligado a hablar con ellos. Seguramente tendrá que comprarles la mercancía y tributar un “impuesto” por utilizar sus rutas.

Ciertamente, las ‘bacrim’ funcionan como lo hicieron los grandes carteles del país, pero el asunto de las drogas es solo uno de los que conlleva este fenómeno. Las ‘bacrim’ no son apenas una organización criminal, sino una tecnología de control social. Luego de tantas décadas de guerra interna, en la cual la criminalidad jugó un papel central, se extendió entre sectores sociales periféricos y en áreas marginales de las ciudades un aprendizaje sobre cómo proveer orden y seguridad, y garantizar un flujo de ingresos desde economías extractivas como el narcotráfico y la minería ilegal.

De este modo, el país se inundó de un crimen organizado más tradicional. Las ‘bacrim’ extendieron la práctica del cobro de extorsión en muchas ciudades y municipios, lo cual ha implicado establecer una relación de protección: a cambio de un pago, los clientes de las organizaciones criminales evitan que otros delincuentes afecten sus negocios y sus propiedades.

Gran parte del éxito de las ‘bacrim’ y demás agrupaciones criminales se debe a que sus instituciones son coherentes con las realidades sociales de la periferia y de las áreas marginales. Para muchos habitantes del país, la justicia que proveía el Estado era ineficaz e inaccesible, debido a sus costos y a la dificultad de asimilar sus principios. Algo similar ocurría con los servicios de seguridad prestados por la Fuerza Pública. No estaban diseñados para ese sector de la población.

La consecuencia más importante de las ‘bacrim’ como carteles fue social, dado que, para controlar el tráfico internacional y el microtráfico, era necesario gobernar poblaciones periféricas y marginales. De esta manera, la sociedad colombiana se ha dividido entre quienes son gobernados por el Estado y aquellos que, de un modo u otro, responden al control de los criminales.

Buenas noticias

Pero no todo son malas noticias. El hecho de que persistan las ‘bacrim’ y de que en las ciudades practiquen la extorsión en forma sistemática no niega los avances del Estado. Cada vez el narcotráfico gobierna menos y constituye un menor desafío político. La prueba es que hasta ‘Otoniel’, líder de la principal organización exportadora de drogas, apareció recientemente en un video hablando de la posibilidad de un proceso de paz con el Gobierno. Puede decirse entonces que la presión de la Fuerza Pública ha dado sus frutos.

Luego de la desmovilización de las Farc, y muy probablemente del Eln, no hay que esperar milagros. Tomará un tiempo desmontar todo el aprendizaje, la infraestructura y las subculturas criminales que dejaron casi cuatro décadas de conflicto. Falta mucho todavía para una consolidación definitiva del Estado, dado que aún hay organizaciones delictivas que gobiernan en algunas regiones. Ese es el trecho que falta.

Fuente: http://www.eltiempo.com

 

Este importante punto de conexión comercial de México y, particularmente del Estado de Nuevo León, los Estados Unidos de Norteamérica, cuenta con de la infraestructura en comunicaciones y operación aduanera necesaria que lo ubica como uno de los cruces fronterizos más importantes de nuestro país.

Después de casi 100 años de depender de la aduana de Nuevo Laredo, en 1992 Nuevo León logra la construcción de un puente que le permite el paso directo a los Estados Unidos de Norteamérica, abriendo, con la firma del tratado de libre comercio con este país y Canadá en 1994, una gran oportunidad para consolidar un verdadero paso neolonés hacia el mercado más grande del mundo, con múltiples beneficios y oportunidades para esta región, para el resto del país y particularmente para este estado, ejemplo y orgullo industrial para todos los mexicanos.

Para quienes por muchos años nos habíamos preguntado, por qué, siendo Nuevo León uno de los estados que cruza más mercancías por la aduana de Nuevo Laredo, no había dado la importancia que merecía la aduana de Colombia, nos queda muy claro que ésta, no será más una duda, sino una visión hecha realidad.

Colombia, Nuevo León, está a 247 kilómetros de la ciudad de Monterrey y a 22 del puente 3 de Nuevo Laredo y se conecta directamente con San Antonio, Texas, por la ruta 255 que, desde el 24 de agosto, deja de ser una ruta de cuota, para convertirse en una vía libre que estimule y facilite el tránsito de camiones de carga. Esta carretera se conecta con el extremo norte de la carretera estatal UNO de Nuevo León.

 Por su moderna infraestructura y buen manejo, puede representar un ahorro en tiempo del 54% al 109% con relación al tiempo promedio de los cruces fronterizos de la zona.

Es la única aduana terrestre mexicana que cuenta con la certificación ISO 28000, por sus altos estándares de gestión de seguridad en la cadena de suministros, reforzados con instalaciones de SEDENA, SEMAR, FUERZA CIVIL Y PFP. Además, cuenta con un parador turístico, áreas de descanso y auxilio vial para apoyar a la ciudadanía.

El parque industrial adyacente a la aduana tiene 405 hectáreas con disponibilidad de terrenos para diversas operaciones no necesariamente relacionadas con la operación aduanera.

Dentro de sus ventajas competitivas destaca su especialización en el manejo de substancias peligrosas y ganado bovino.

Fuente: http://mexicoxport.com

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